El gobierno sonorense escala el enfrentamiento con la tribu yaqui
Francisco López Bárcenas
Sonora arde. A la contaminación del río Bacanuchi
por el derrame de sustancias tóxicas usadas por la minera Buenavista del Cobre,
propiedad del Grupo México; las declaraciones de que el incendio de la
guardería ABC –que terminó con la vida de 49 niños y niñas y lesionó de manera
permanente a otros 76– pudo haber sido provocado por funcionarios del anterior
gobernador del estado, Eduardo Bours; los desencuentros del actual gobernador,
Guillermo Padres Elías, con el gobierno federal por los señalamientos de los
delegados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de que el gobernador
se habría construido una presa particular mientras los sonorenses padecen la
falta de agua para consumo humano, ahora se suma el escalamiento del
enfrentamiento con los miembros de la tribu yaqui, que desde hace cinco años
vienen luchando en defensa de su territorio y su agua.
El 11 de
septiembre a las 11:40 de la mañana de la ciudad de México –9:40 de Sonora– fue
detenido en Ciudad Obregón Mario Luna Romero, secretario de las autoridades
yaquis y vocero de esta tribu durante la lucha. De acuerdo con la versión de
sus compañeros, su detención fue realizada por personas vestidas de civil que
usaron cuatro vehículos no oficiales para moverse, y no fue hasta después de
las 15 horas que lo presentaron al centro de readaptación social de Hermosillo.
De acuerdo con Carlos Navarro Sugich, procurador de justicia del estado, al
detenido se le acusa de los delitos de secuestro y robo, dos ilícitos que según
la autoridad cometió el 8 de junio de 2013 en perjuicio de Francisco Delgado
Romo, en el contexto del cierre de la carretera México-Nogales en protesta
porque la autoridad se negaba a cumplir la sentencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que reconocía que si el Acueducto Independencia violaba
sus derechos, debía ser cancelado.
Existen muchos
elementos para pensar que el representante de la tribu yaqui no fue detenido
porque cometiera algún delito, sino por ser enlace de su pueblo con otros
movimientos que se solidarizan con su lucha en defensa de su territorio y el
agua que 1940 les tituló el presidente Lázaro Cárdenas, de la cual el gobierno
del estado busca despojarlos para entregarla a los empresarios de la capital
del estado. Esa es la percepción de más de 75 organizaciones de 20 estados de
la República mexicana, quienes de inmediato señalaron que las acusaciones a
Mario Luna Romeroson parte de una estrategia de criminalización contra la lucha
de la tribu yaqui, ya que esto ocurre en el marco de la defensa de su agua,
ante la construcción y operación del Acueducto Independencia. Como consecuencia
de ello demandaron al gobierno del estado lo pusiera en libertad inmediata,
detuviera la escalada represiva contra los representantes de la tribu yaqui y
abriera caminos de diálogo para buscar salidas al conflicto.
El momento de la
detención también causa suspicacia. ¿Por qué se le detuvo justo cuando el
gobierno estatal enfrenta el problema de la contaminación del río Bacanuchi,
una de las más graves por la actividad minera? ¿Por qué ahora que se señala a
su antecesor de tener responsabilidad en el incendio de la guardería ABC, donde
fallecieron 49 niños y niñas y 76 resultaron con lesiones permanentes? ¿Por qué
ahora que el mismo gobernador es señalado de apropiarse indebidamente del agua
para beneficio personal, mientras muchos sonorenses carecen de ella? ¿Será que
quieren crear un distractor para desviar la atención ciudadana de los problemas
anteriores? ¿Será que lo quieren como moneda de cambio para acallar otras voces?
Es muy pronto para responder. Lo que sí se puede decir es que con esta acción
el gobierno echa más leña al campo sonorense, ya de por sí caliente, pues
conociendo a los yaquis es seguro que no se van a quedar callados y van a
movilizarse hasta alcanzar la libertad de su representante.
Vista desde otra
óptica, la detención es un error histórico. Si bien el detenido ostenta el
cargo de secretario de las autoridades de la tribu, no es un subordinado menor
de ellos, como pudiera pensarse desde fuera: entre los yaquis el secretario es
una especie de representante de los pueblos con el resto de la sociedad y al
detenerlo a él todos se sienten agraviados. Es una situación que debieron
aprender de las históricas guerras del yaqui, muchas de las cuales fueron provocadas
por las ofensas que los yoris, como ellos nombran a los blancos, hicieron a sus
autoridades. Una actitud política sensata sería atender las propuestas de las
organizaciones que piden la libertad del detenido, cesar la criminalización de
la lucha, reconocer la justeza de la lucha de los yaquis y buscarles solución.
Le vendría bien al mismo gobierno. Lo otro es seguir echando leña al juego
Publicado en:
http://www.jornada.unam.mx/2014/09/13/opinion/018a1pol
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